* Empresas fantasmas y triangulaciones inmobiliarias le permitieron al líder sindical "desaparecer" 3.2 millones de dólares del fondo para trabajadores
Por Jonathan Nácar /Tomás de la Rosa
El pago de una supuesta deuda permitió al líder del sindicato minero “desaparecer” 3.2 millones de dólares que pertenecían a los mineros de Cananea, para lo que utilizó una red de por lo menos 10 personas y seis empresas, cuatro de ellas con irregularidades.
A partir de la creación de empresas “simuladoras” o fantasma por parte de personajes con un largo historial de fraudes, triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitió al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, Napito, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.
A partir de personajes que ahora forman parte de las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el también senador de Morena construyó una red que mantuvo por lo menos nueve años y que operó de manera similar a la que le permitió al exmandatario veracruzano desviar recursos públicos para su beneficio, de acuerdo con las acusaciones en su contra.
Documentos como son expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que Ejecentral tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores.
A partir de los documentos oficiales, este periódico presenta el detalle de las operaciones que habrían permitido el lavado de sólo una fracción de esos 55 millones de dólares, que a 13 años de que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) recibiera como parte del 5% de pago a los mineros de Cananea, cuyo monto se integró al Fideicomiso 9645-2 (constituido en 1988), a favor de los dos mil trabajadores de las minas que pertenecían a Grupo México, y que a la fecha se desconoce el destino del 90% del resto de los recursos.
Las denuncias contra el líder minero se reactivaron en las últimas semanas, luego de que en noviembre del año pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión contra el aseguramiento de tres cuentas bancarias del sindicato, por un monto de 340 mil dólares, que habían sido congeladas como parte de las investigaciones sobre el desvío del dinero de los mineros de Cananea.
Este periódico buscó al senador morenista y a los voceros del sindicato minero para conocer su versión respecto a las acusaciones en su contra; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.