El Lic. Héctor Méndez, Secretario de Acuerdos de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Cananea, se presentó esta semana en el camino que conduce a los terrenos propiedad de rancheros de Bacoachi, para efectuar una diligencia solicitada por ellos mismos, en busca de acreditar los daños que han sufrido sus propiedades a manos, supuestamente, de los miembros de la Comunidad del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe. El líder de los comuneros y su abogado, impidieron el ingreso de los pequeños propietarios y sus representantes legales, argumentando que contaban con un amparo, el cual nunca exhibieron.
“Fue sólo su palabra (del abogado de los comuneros) y nos extraña que el representante del Ministerio Público lo haya hecho válido. Tampoco levantó ningún acta ni nos informó de lo que platicó con ellos debajo del jacal que tienen armado a la entrada del predio. A nosotros no nos dejaron acercarnos y mucho menos participar en la diligencia. El Secretario del MP nos dijo que haría el acta en la oficina; pero no nos informó de nada”, se quejó el Lic. Francisco Ballesteros, representante legal de pequeños propietarios y gambusinos.
Los rancheros ganaron un amparo para que el Ministerio Público trabaje la averiguación previa, toda vez que ha quedado acreditado que el representante social ha dilatado la procuración de justicia, pues ni siquiera había citado a declarar a quienes han sido señalados como responsables de diversos delitos, entre los que se encuentran despojo, robo, daños y asociación delictuosa, entre otros.
“La diligencia fue programada para las 8 de la mañana. Nos citaron en la puerta, junto con el Juez de Campo; pero el Secretario del MP llegó hasta las 11 y la gente de la comunidad ‘atendió’ cerca de las 12. Finalmente, si es que algo se hizo, nosotros ni nos enteramos”, remató el Lic. Ballesteros.