Pide Congreso investigación por tráfico de influencias

* Se pide aclarar relación de Claudia Pavlovich con licitaciones a favor de constructores que le “prestaban” avión

Hermosillo, Sonora a 21 de abril de 2015.- Para que se investiguen presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, el Congreso del Estado aprobó enviar exhortos dirigidos a la PGR, a la SCT y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF.

Uno de los acuerdos aprobados fue presentado por los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, para que este Poder resuelva exhortar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, para que en el uso de sus atribuciones legales realice una auditoría de carácter especial en torno a la aplicación de los recursos asignados al programa de uniformes escolares del Gobierno del Estado.

El diputado Vernon Pérez Rubio Arteé dio lectura a la propuesta para que dicha auditoría comprenda desde el inicio de la aplicación del referido programa hasta el día que se lleve a cabo la misma, así como para que una vez que concluyan los trabajos de la auditoría, sus resultados sean remitidos a este Poder Legislativo.

El otro Acuerdo aprobado fue presentado por el grupo parlamentario del PAN, con el que solicitaron que esta Soberanía resuelva exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de la Función Pública, que ejerzan y cumplan con sus atribuciones legales en torno a las investigaciones respecto de la probable comisión de varios delitos cometidos por diversos servidores públicos.

La diputada Mireya de Lourdes Almada Beltrán dio lectura a la propuesta en la que se establece sea la PGR la que determine si existe o no responsabilidad en la investigación de los presuntos actos de corrupción y delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio indebido de funciones, en los que se involucra a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de Senadora de la República, así como de los ciudadanos Raúl Murrieta Cummings, Óscar Callejo Silva y Javier Hernández Armenta, todos funcionarios de la SCT.

A las secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes, se les exhorta a efecto de que, de dictaminarse responsabilidad penal o administrativa en contra de los servidores públicos mencionados, promuevan y ejecuten las medidas y sanciones correspondientes, y de resultar procedente, la remoción de sus respectivos cargos.