El “graffiti” ahora es delito: Diputados
Publicado en 2010-06-27
Hermosillo, Sonora.- El diputado César Augusto Marcor Ramírez presentó, a nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el dictamen con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora y a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.
De acuerdo a las consideraciones expuestas, el problema del “graffiti” se ha convertido en uno de los más comunes en las ciudades y se extiende y crece por todo el Estado, afectando la imagen visual de las ciudades, y generando fuertes gastos, tanto al Estado, municipios, particulares y negocios que ven afectadas sus propiedades por las impresiones permanentes de gráficos y firmas.
“Lo anterior ha generado molestias e indignación entre los ciudadanos que exigen a sus representantes ante este Poder Legislativo que se realicen modificaciones legales al marco jurídico estatal, para detener este creciente fenómeno que afecta a gran número de gobernados y que comienza a afectar vestigios arqueológicos, lugares históricos, escuelas, edificios públicos, centros educativos o áreas públicas, que por su trascendencia y áreas de visualización, son el blanco de preferencia de esa conducta”, destaca el dictamen.
El propósito de la iniciativa, sostuvo, es modificar conductas desviadas mediante el tratamiento y reeducación, a través del trabajo comunitario, dado que dicha actividad no sólo provoca una mala imagen para las ciudades y espacios públicos, también es un perjuicio para los comercios y la industria de servicios, además de que comienza a centrarse en bienes inmuebles del Estado y de los municipios, como una muestra de desafío a la autoridad.
A la iniciativa original se le hicieron algunas adecuaciones, con base a la opinión de destacados juristas de la entidad, y se llegó a la conclusión de que no será contemplado como delito grave y por lo tanto no se modifica el Código de Procedimientos Penales; sólo será perseguible de oficio cuando se trate de bienes del Estado y en daños a bienes de particulares se requerirá querella del ofendido, y cuando sea cometida por adolescentes, los padres deberán responder a la reparación del daño.
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